“¿Puede un territorio ser inteligente?”, con esta pregunta iniciaba la profesora Blanca Miedes una de las intervenciones del debate sobre Inteligencia Territorial que tuvo lugar en Barcelona, el pasado 4 de octubre. Con independencia de la discusión más profunda sobre esta cuestión, lo que articuló la Jornada fueron los movimientos e iniciativas que se están llevando a cabo en el mundo, con la presentación de experiencias de EEUU y Europa.
La conferencia inaugural fue a cargo de Yann Bertacchini, profesor en el Institut Universitaire de Technologie (Département de Service et Réseaux de Communication) de la Université Sud Toulon-Var, en Francia, que analizó las repercusiones de la gestión de la información en la mejora de los espacios públicos, en el desarrollo del territorio y en el bienestar social. El resto de intervenciones se englobaron en alguno de los siguientes ejes: acciones e iniciativas gubernamentales, iniciativas regionales y proyectos de investigación.
En próximos artículos de COMeIN iremos analizando algunas de las intervenciones presentadas. Hoy empezaremos por explicar brevemente el enfoque de la inteligencia territorial en España desde el punto de vista de las iniciativas impulsadas por el Gobierno central y que, en esencia, son lo que de alguna manera configura lo que podríamos considerar un sistema nacional de inteligencia.
Las aproximaciones sobre lo que representa un sistema nacional de inteligencia presenta distintos enfoques según los países. Tradicionalmente se asocian tres grandes objetivos o ámbitos de actuación sobre los que focalizar un sistema nacional de inteligencia: la seguridad y defensa nacional, la competitividad de las empresas y el bienestar social. Simplificando un poco, y si nos centramos en aquello que tienen en común, en todos ellos entra el proceso para identificar, recoger y analizar información; para crear productos informacionales que den soporte al diseño de acciones, la planificación estratégica, la toma de decisiones o la resolución de problemas.
Como hemos apuntado en otros artículos, dentro del territorio español existen numerosas iniciativas originadas en las distintas Comunidades Autónomas, con distintos matices y niveles de desarrollo. Pero, ¿podemos hablar en España de un sistema nacional de inteligencia? Veamos que tenemos en relación a las acciones derivadas del Gobierno central.
Por un lado existe el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que asume las funciones de inteligencia orientadas a la defensa y seguridad del Estado. Por otro lado, nos hemos de remontar al año 2011, fecha en la cual veíamos una apuesta explícita y formal por parte del partido que en estos momentos gobierna para articular un sistema nacional de inteligencia. Ese año se plantea al Congreso una propuesta no-de-ley para crear un Sistema Nacional de Inteligencia Competitiva que planteaba, dentro de sus objetivos, recoger y facilitar información a las empresas privadas y organismos públicos para mejorar su competitividad, asumiendo la responsabilidad de recoger, procesar y facilitar, entre otros, los datos existentes en las administraciones públicas.
No es hasta el 2013 que se vuelve a hablar del tema cuando se redacta un anteproyecto de ley que empieza su tramitación en junio y se aprueba a finales de septiembre (Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización). La publicación del anteproyecto de ley despertó mucha expectativa entre los profesionales de la inteligencia económica y se empezó a hablar, en algunos artículos de prensa, de la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia Económica, aunque en el texto no apareciera de manera explícita dicha expresión. ¿Qué origino esta asociación?
Básicamente, la existencia de dos aspectos que apuntan a este “sistema”. Por un lado, los objetivos que se derivan de su lectura así como las acciones que se apuntan para llevarlos a cabo. Por otra parte, las herramientas de soporte al mencionado sistema y a sus funciones. En relación al primer punto, la ley tiene dos objetivos claros: internacionalización y crecimiento económico a largo plazo de la economía española. La ley apunta la necesidad que las empresas desarrollen políticas y prácticas específicas para dar soporte a su expansión a otros países y la Administración, por su parte, debe ajustar sus procesos para que estos movimientos reciban el soporte que necesitan. En relación con el segundo punto, entre las herramientas de soporte, la ley prevé crear sistemas y servicios de información para la pymes, otorgando un papel clave al Instituto de Comercio Exterior (ICEX) en el asesoramiento y provisión de información de distinta índole.
La puerta queda abierta para ver como se desarrollará la ley y de qué forma se materializarán los servicios de información a los que se refiere. Quedan muchos interrogantes por responder, entre ellos, de qué manera se planteará la coordinación de los posibles servicios que se deriven de la ley con las iniciativas existentes (en todo el territorio) que ya dan soporte a la competitividad y la innovación. En este sentido queda claro que la ley se orienta a cubrir el segundo objetivo de la inteligencia territorial, aquel que hace referencia a la competitividad de las empresas y en especial de las pymes.
Será necesario estar atentos a los pasos que se vayan realizando, y como se da cobertura a la tercera dimensión de la inteligencia territorial, orientada al bienestar social y al soporte a las administraciones y servicios locales. Quizá, finalmente, la conjunción de iniciativas locales, autonómicas y estatales, con la colaboración de entes públicos y privados, faciliten que nuestro territorio sea inteligente.
Cita recomendada
ORTOLL, Eva. Inteligencia territorial a debate (el caso de España). COMeIN [en línea], octubre 2013, núm. 26. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n26.1370
