En la primera parte de este artículo, el análisis del protocolo y el ceremonial nos llevó a explorar su valor para las organizaciones a la hora de sacar el máximo partido de las relaciones con sus públicos. En este contexto, vimos cómo la comunicación institucional emergía como un instrumento eficaz para gestionar esta interacción, aunque no todas las entidades aprovechan su potencial. Es el caso de muchas universidades.

El ámbito (ceremonial) y la normativa (protocolo) conforman la malla, el entramado, sobre el que armar los actos. Proporcionan a los profesionales una sistemática general –a partir de la cual pueden realizar un planteamiento teórico previo a la celebración de los eventos– por la que han de regirse estratégicamente las personas y entidades que conforman en cada ocasión los públicos organizacionales.

El Protocolo Oficial del Estado, en cualquier país, se basa en dos fundamentos esenciales: la normativa legal vigente, ya sea de carácter nacional, autonómico o local, y las costumbres y tradiciones inveteradas. La principal normativa de protocolo existente en España es el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado. Este texto legislativo establece el régimen de precedencias de los cargos y entes públicos en los actos oficiales. 

Entre los premios, honores y distinciones que puede entregar el Estado español, dentro de su total potestad para otorgar recompensas, por actos, servicios o trayectorias consideradas meritorias, encontramos las condecoraciones que pueden conceder determinadas órdenes civiles. Como establece SerComunicación (2017): «La orden es la institución civil o militar creada para premiar por medio de condecoraciones a personas, y en ella existe hermandad entre sus miembros».