En un contexto de transformación política, social y económica, la efectiva garantía de los derechos a la libertad de expresión e información resulta, si cabe, más esencial. Consciente de la trascendencia de los retos que nos depara el 2015, el International Press Institute acaba de publicar un informe en el que evalúa el estado de la libertad de prensa en España e identifica sus principales desafíos.
En diciembre de 2014, el International Press Institute (IPI) encabezó una misión internacional a España con el objetivo de identificar los retos para la libertad de prensa en nuestro país. La delegación -formada por representantes de relevantes organizaciones internacionales en defensa de la libertad de información- mantuvo cerca de 30 reuniones con representantes de medios de comunicación, de la sociedad civil y del Gobierno, con el fin de obtener una visión amplia y equilibrada del objeto de estudio. Fruto de esta misión, y del exhaustivo trabajo de investigación complementario, el IPI ha publicado el informe El estado de la libertad de prensa en España: 2015 cuyas conclusiones prevén una segunda misión que inste al Gobierno y a los partidos políticos a adoptar sus recomendaciones.
Desde una perspectiva de análisis global, el informe parte de la constatación de que la libertad de prensa en España goza de una buena salud en el contexto internacional. Así lo confirman los datos de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que anualmente elabora Reporteros sin Fronteras (RSF): en la edición de 2015, España ocupa el puesto 33 entre 180 países, por debajo de otros 17 miembros de la Unión Europea, pero por encima de países como el Reino Unido, Francia o los Estados Unidos. No obstante, el análisis local de los retos de la libertad de prensa en España constata algunas deficiencias que, en mayor o menor medida, suponen un riesgo para la garantía de un derecho fundamental esencial para la formación de una opinión pública libre y, en consecuencia, para la consolidación del sistema democrático actual.
Entre los desafíos de la libertad de prensa en España el informe identifica la cuestionada independencia de la radiotelevisión pública y de algunos aspectos de la regulación audiovisual; la falta de trasparencia en la inversión de publicidad institucional; las deficiencias de la recién aprobada ley de transparencia; la tendencia a convocar ruedas de prensa sin preguntas; los riesgos derivados de la aprobación de normas jurídicas, como la nueva Ley de seguridad ciudadana; y, por último, el alcance de la legislación española en materia de difamación.
En relación con el primer desafío, el informe concluye que el servicio de radiotelevisión público, estatal y autonómico, padece de un exceso de cercanía al poder político que merma su independencia, cuestiona su pluralismo y, en consecuencia, también su función de servicio a la ciudadanía. Entre las recomendaciones de la European Federation of Journalists destacan la vuelta al anterior sistema de nombramiento del presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española por una mayoría parlamentaria cualificada, y la recuperación y refuerzo de las -hasta ahora tensas- relaciones entre la dirección del ente estatal y los representantes de su Consejo de Informativos, muy crítico ante las prácticas de manipulación informativa denunciadas en los últimos años. Además, el informe alerta de las insuficientes garantías de independencia de los organismos de regulación audiovisual y del opaco y confuso sistema de asignación de licencias de televisión.
En segundo lugar, el informe destaca la opacidad con la que el sector público gestiona la inversión en publicidad institucional. A pesar de disponer de una regulación específica en materia de comunicación y publicidad institucional, los planes e informes anuales que de ella se derivan obvian el detalle del reparto de la inversión por medios de comunicación. Y algo similar sucede en el ámbito autonómico y local, como el propio Tribunal de Cuentas vino a constatar. Lejos de los criterios de impacto y eficacia que deben regir la asignación, los escasos desgloses publicados evidencian un injustificable sesgo ideológico en unos criterios de asignación que atentan contra la libertad de prensa y la justa competencia entre medios de comunicación. Además, el nuevo sistema de adjudicación de la publicidad institucional a través de un grupo de agencias contratadas por el Estado viene a aumentar la opacidad, pues el detalle de cómo estas asignan la publicidad evita someterse a la nueva ley de transparencia y acceso a la información. En materia de subvenciones, el informe también alerta de los riesgos de una posible asignación arbitraria y de la falta de independencia de los organismos de asignación regional.
En tercer lugar, Access Info Europa califica de oportunidad perdida la aprobación de la primera Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno española cuyo contenido esencial ha entrado recientemente, en diciembre de 2014, en vigor. A pesar del avance que supone el reconocimiento del derecho de acceso a la información en poder de la Administración, también y especialmente para los medios de comunicación en aras de su labor de control, la ley no alcanza los estándares internacionales. Entre sus principales deficiencias el informe destaca el hecho de no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental; la no inclusión de todas las instituciones públicas; la falta de independencia del Consejo de Transparencia -el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la ley- y las trabas de acceso y deficiencias del nuevo portal de la transparencia que, lejos de facilitar los procesos, se teme que pueda llegar a disuadir al solicitante del acceso a la información.
Otro aspecto que preocupa a los autores del informe es la creciente práctica por parte de los políticos de convocar ruedas de prensa sin preguntas, lo que resulta claramente lesivo para el derecho de los ciudadanos a estar informados y para el de los periodistas a informar. La recomendación de RSF para erradicar esta práctica, contraria a los principios de transparencia informativa, pasa por que los directivos de los medios de comunicación -siguiendo la iniciativa de eldiario.es- acuerden no enviar periodistas a cubrir convocatorias que impidan las preguntas y, en consecuencia, el libre ejercicio de la libertad de información.
En materia de legislación, el informe alerta sobre los riegos que la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobada el 30 de marzo de 2015, supone en materia de libertades de expresión e información. Las críticas al anteproyecto de una ley conocida popularmente como "ley mordaza" traspasaron fronteras. A pesar de que el texto final ha sido atenuado en sus medidas más restrictivas, RSF expresa su profunda preocupación, especialmente por los criterios de aplicación del cuestionado apartado 23 del artículo 36, que abre la posibilidad de que las fuerzas de seguridad impidan a los periodistas el libre ejercicio de su profesión. El pasado 10 de abril hologramas de miles de personas de todo el mundo manifestaron ante el Congreso, con una acción pionera y muy simbólica, su rechazo a la aprobación de la ley que entrará en vigor el 1 de julio de 2015. En esa misma fecha también entrarán en vigor las cuestionadas modificaciones del Código Penal que, desde el punto de vista periodístico, conllevan el riesgo de que ciertas filtraciones, informaciones sobre seguridad informática, e incluso la cobertura informativa de acciones de protesta, puedan considerarse acciones de terrorismo, según cómo se interpreten los nuevos artículos de la ley.
Por último, el IPI recuerda que la tipificación penal de los delitos de injurias y calumnias, vigente en España, es contraria a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Además, el informe alerta sobre el riesgo que supone la especial protección de las instituciones del Estado, sobre todo de la Corona, para el correcto ejercicio de la libertad de prensa en nuestro país. No obstante, la gran mayoría de periodistas entrevistados por la misión no perciben la regulación de estos delitos como una amenaza significativa a la libertad de expresión, dada la tendencia de los tribunales a, en caso de conflicto, proteger esta libertad y la labor de los equipos jurídicos en defensa de los medios de comunicación. A pesar de ello, el informe alerta de la vulnerabilidad en la que, a estos efectos, se encuentran los medios locales y alternativos con menos recursos financieros y jurídicos para afrontar su defensa legal.
Y para concluir, una dosis de ‘optidismo’. Por una parte, el informe destaca la reciente puesta en marcha de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión cuyo objetivo es monitorizar y contrarrestar las amenazas percibidas contra la libertad de expresión en España. Por otra, un reportaje especial sobre periodismo e innovación cierra el informe de un modo alentador: aparecen nuevos medios cuyo modelo económico, basado en suscripciones u obtención de inversión mediante crowfunding, garantiza su independencia y les blinda ante la injerencia de poderes públicos y económicos. Casos de éxito como los de eldiario.es, La Marea, el Diari Ara, Crític.cat o El Español, la nueva aventura periodística de Pedro J. Ramírez que cerró su fase de financiación colectiva con una recaudación de 3.606.600 euros -más del doble del récord mundial de crowfunding para un proyecto periodístico-, nos demuestran que la independencia periodística no solo es posible, sino que es más necesaria que nunca para garantizar la esencia y el incuestionable valor de la profesión.
Cita recomendada
VILAJOANA ALEJANDRE, Sandra. La libertad de prensa en España. COMeIN [en línea], abril 2015, núm. 43. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n43.1530
