Transparencia y reutilización de la información: camino de la implantación

Desde el 2014 las distintas administraciones públicas están en proceso de implantar la ley de transparencia. Esta implementación está influida por tres hechos que la condicionan: 1) corrupción, 2) coexistencia de crisis y promulgación de distintos textos legislativos que afectan a los procesos y procedimientos establecidos en las administraciones públicas, y 3) desorientación sobre cómo implantar la ley de transparencia y la ley de reutilización. 

 

En primer lugar, la ley de transparencia española y las leyes en las comunidades autónomas se redactaron en medio de un ambiente de corrupción y desconfianza por parte de los ciudadanos que ha influido en la percepción del objetivo mismo de la ley. De algún modo, los políticos y directivos de las administraciones públicas necesitaban mostrar su transparencia en la gestión. De este modo, al centrarse la actividad de transparencia sobre todo en dar publicidad activa a los documentos que obliga la ley, ha quedado en segundo plano el potencial de la información pública, el acceso a la misma y el valor que se podría obtener de esta. Este valor queda recogido en la ley de reutilización de la información. No obstante, aunque la misma ley de transparencia impulsa la publicidad activa en formatos reutilizables, puede que inconscientemente se esté perjudicando la emergencia o el impulso de iniciativas de datos abiertos en las administraciones públicas. Esto sería una de las consecuencias de volcar el esfuerzo en hacer transparente la gestión de las administraciones públicas, dejando en segundo plano la reutilización de la información.

 

El desarrollo de la industria de reutilización de la información pública en España es incipiente, pero pujante. Son muchas las administraciones públicas que ya disponen de portales de datos abiertos. De acuerdo con la memoria de la asociación empresarial del sector —ASEDIE—, el volumen de negocio y el número de empresas en el sector ha ido incrementándose, según se observa, desde que en el 2013 se empezó a hacer la memoria anual del sector. Un estudio realizado por encargo de la Comisión Europea confirma que nuestro país está entre los países que tienen un mercado de datos abiertos significante. Este hecho refleja que el acceso a la información pública efectivamente está dando sus frutos. No obstante, hay indicios de que en nuestro país aun queda mucho por hacer. En el informe del Sector Infomediario de 2017 se indica que los datos legibles por máquina representan el 49%, lo que supone una barrera para rentabilizar al máximo el valor de los datos.

 

En segundo lugar, se da la coincidencia de que en un corto espacio de tiempo, las administraciones públicas han tenido que hacer frente a una amplia diversidad de legislación: transparencia, acceso a la información pública, administración electrónica y la nueva ley de procedimientos administrativos. Además, todo ello ha ocurrido en un periodo de crisis económica y financiera, con la congelación de presupuestos y de plantilla de personal, justo en un momento en que se necesitaban más recursos para implantar las nuevas leyes. Por tanto, la coexistencia de nueva legislación y época de crisis ha influido en la implantación, no solo de la ley de transparencia, sino sobre todo en la de reutilización de la información. Antes de la publicación de la ley de transparencia, las administraciones públicas ya estaban implantando la legislación vinculada a la administración electrónica (Ley 11/2007 —ahora sustituida por la ley 39/2015—, firma electrónica, Normas Técnicas de Interoperabilidad, etc.). A partir del 2014 se tuvieron que invertir esfuerzos para ofrecer la publicidad activa que marca la ley y atender las peticiones de acceso a la información de los ciudadanos. Esto requiere de una correcta implantación de procesos y procedimientos a nivel interno, definición de flujos de información y control de la calidad de los documentos. Por tanto, se requieren recursos. Por otra parte, facilitar que las empresas accedan a los datos abiertos y por tanto al potencial de estos requiere de una gestión adecuada para garantizar la calidad y la fiabilidad de estos datos. Es decir, se precisa de recursos humanos y materiales, de los que no todas las administraciones públicas disponen. Así pues, ante el escenario de restricción presupuestaria y congelación de plantillas, las administraciones públicas han tenido que establecer prioridades.

 

Por último, la necesidad de ser transparentes se ha traducido en rapidez en la implantación, sin dar apenas tiempo a desarrollar guías de implantación. Por ello, en muchos casos las administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos pequeños, se han podido sentir solos en su implantación. 

 

En definitiva, una mayor dotación de recursos en las administraciones públicas redundará no solo en la publicidad activa contemplada en la ley de transparencia, sino, sobre todo, en mayor facilidad al acceso de información pública para generar riqueza en el territorio.