Transparencia, reutilización e inteligencia

La misma ley de transparencia y otras leyes como la ley de reutilización de la información y la de procedimiento administrativo común apuntan que las administraciones deben poner en marcha recursos para gestionar la información pública. Uno de estos recursos son los sistemas de información que incluyan de manera específica sistemas de gestión de documentos. 

 

En efecto, el aprovechamiento de la información por parte de administraciones públicas y ciudadanía se puede efectuar si previamente las administraciones públicas han definido e implantado una serie de procesos y procedimientos que sistematicen la gestión del ciclo de vida de los datos y de la información contenida en documentos y bases de datos, en aras de garantizar su almacenamiento, su fácil recuperación y la calidad de los datos. Estos procesos se inician con la creación de datos, documentos e información en la actividad diaria de las organizaciones, siguen con el almacenamiento de estos datos, documentos y la información, los mecanismos para compartirlos, y su uso y aplicación. Todos estos procesos cuentan con el soporte de las tecnologías de la información, procedimientos que detallan cómo implementar estos procesos, y las personas que los llevan a cabo y usan las tecnologías. Todo ello constituye los denominados sistemas de información.

 

El uso que las mismas administraciones públicas hacen de los propios datos que producen constituye una fuente de riqueza relevante que bien gestionada revierte en el desarrollo del territorio, bajo jurisdicción de la administración. Por descontado que también es fuente de riqueza la reutilización de la información por parte de la ciudadanía y de las empresas del sector infomediario.

 

Las administraciones disponen de datos sobre el territorio, como por ejemplo la evolución de la población y sus pirámides de edad, la evolución de las empresas, las visitas de turismo a partir de las encuestas que se hacen a los visitantes de las oficinas de turismo, o las necesidades de la población a partir por ejemplo de las reuniones que hacen con la ciudadanía con motivo de aplicar políticas de gobierno abierto, o las zonas a reparar de la ciudad a partir de los partes que puedan hacer los guardias municipales, entre otros muchos datos. Toda esta información se puede utilizar para hacer proyecciones de futuro y definir políticas públicas, diseñar acciones y actividades de manera más orientadas y enfocadas a contextos concretos. La gestión de estos datos, su análisis y aplicación es objeto de estudio por parte de la inteligencia territorial. 

 

Mucho se habla del potencial de los datos abiertos, y de la reutilización de la información. Esto depende en parte de que las administraciones públicas publiquen y faciliten el acceso a los datos abiertos. En estos momentos, además de la administración estatal, ya hay administraciones autonómicas y locales que han puesto en marcha portales de datos abiertos. No obstante, aún queda camino por recorrer por parte de los suministradores de datos, las administraciones públicas. Es preciso aún que los servidores públicos, empleados y políticos, sobre todo estos últimos, tomen conciencia de lo que implica a nivel operativo reutilizar la información y los datos, y ser conscientes de que la reutilización va más allá de disponer de portales de datos abiertos. Hay otros aspectos más relevantes, como la definición de procesos de trabajo, la clasificación clara de los conjuntos de datos (datasets), el uso de formatos abiertos y estándares, y la interoperabilidad entre sistemas.

 

En definitiva, si bien es cierto que las administraciones públicas progresivamente han ido implantando, y están implantando sistemas de información, la eficiencia de estos y la interoperabilidad entre los mismos sistemas internos de información tiene aún margen de mejora. Las administraciones locales de poblaciones pequeñas y con escasos recursos son las que aún tienen mucho espacio por recorrer. No obstante, las administraciones de grandes ciudades también presentan algunas carencias desde el punto de vista de integración de los datos y explotación de la información para crear riqueza territorial. Esperemos que la incorporación de otros perfiles profesionales, además de los informáticos, ayude a definir procesos y procedimientos de gestión de datos e información. Los profesionales denominados gestores documentales o documentalistas tienen aún mucho por aportar, si son tenidos en cuenta en los planes de ocupación de las administraciones públicas.