El lobbismo es el ámbito de las relaciones públicas orientado a influir en las decisiones de los poderes públicos. Si el escalofriante goteo de suicidios registrado entre los afectados por los desahucios ha contribuido a que el Gobierno aceptara modificar la Ley Hipotecaria, podríamos considerarlo una forma extrema y lacerante de lobbismo: el lobbismo involuntario de los desesperados, el lobbismo de coste inasumible, el lobbismo macabro.
El pasado 15 de mayo entró en vigor la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. El clamor ciudadano en contra de las reglas del juego hipotecario vigentes hasta la fecha había llevado al Gobierno español a mover ficha mediante esta nueva normativa, pretendidamente sensible al drama social y humano de los desahucios.
El origen de esta ley radica en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras entidades sociales. Para que una ILP llegue al Congreso, se requieren 500.000 firmas. En esta ocasión, la cifra casi se triplicó pero la iniciativa estuvo a punto de no ser aceptada. Finalmente, el Partido Popular (PP) rectificó ante la creciente presión social y la iniciativa fue admitida a trámite. Muchos medios de comunicación atribuyeron el giro del PP a un trágico suceso: el mismo día en que debía llevarse a cabo la votación se hizo público el suicidio de dos pensionistas en Mallorca. Acababan de recibir una notificación de desahucio.
Previamente, la PAH había desarrollado una intensa campaña de lobbismo dirigida a asegurar que la nueva normativa incorporara la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social. El elemento más vistoso ‒y polémico‒ de esta campaña fue el llamado escrache, que consiste en manifestarse en el lugar donde trabaja o reside un político para ponerle en evidencia ante su entorno más próximo. En Argentina, se empleó para señalar a los torturadores de la dictadura. En España se ha dirigido contra los que se han mostrado políticamente insensibles al drama de las personas que pierden su hogar pero mantienen una deuda que les impedirá levantar cabeza de por vida, es decir, contra lo que algunos denominan el genocidio financiero.
En respuesta a las acusaciones criminalizadoras formuladas por los políticos que fueron objeto de escrache, la PAH elaboró un protocolo para garantizar el desarrollo pacífico de estas acciones, evitar las molestias a terceros, salvaguardar la labor de los medios de comunicación y proteger a los menores. Este protocolo se publicó en la web de la Plataforma (junto con un kit gráfico) y también se divulgó en formato flyer entre los participantes de cada acción de este tipo.
Sin embargo, pese a su indiscutible protagonismo mediático, el escrache es sólo una de las herramientas comunicativas empleadas por la PAH. Ha usado muchas otras, y casi siempre bastante llamativas. La acción iniciática "Este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa", que forró los cristales y los cajeros de numerosas entidades bancarias con pegatinas acusadoras, ya resultó prometedora en este sentido.
Para posibilitar que su ILP fuera admitida a trámite pese a las reticencias existentes, en febrero de este año la PAH puso en marcha la campaña de envío masivo de emails oiga.me. Esta acción generó más de un millón de mensajes de correo electrónico dirigidos a los diputados del PP para pedirles que aceptaran tramitar la iniciativa.
La acción comunicativa más reciente de la PAH es la realización y difusión, a inicios de este mes de mayo, del vídeo "De ciudadano a presidente". En este vídeo, diversos ciudadanos se dirigen al presidente del Gobierno español desde una pantalla (tal y como Rajoy suele comparecer últimamente ante los periodistas cuando quiere esquivar las preguntas de la prensa) para exponerle sus demandas relativas a la reforma hipotecaria. En apenas un par de semanas ya ha superado los 150.000 visionados en YouTube.
Con "De ciudadano a presidente", la PAH completa la trilogía videográfica iniciada el pasado mes de marzo con el vídeo "De afectado a diputado", en el que diversas personas que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria hacían un llamamiento a los diputados del PP para que les escucharan antes de decidir sobre la ILP, y proseguida en abril con el vídeo "Mensaje a los votantes del PP", en respuesta a las acusaciones de partidismo recibidas por la Plataforma. Conjuntamente, estos dos vídeos superan los 375.000 visionados en el momento de escribir este artículo.
La PAH ha combinado todas estas acciones ‒y muchas otras‒ con una excelente estrategia de media relations, lo cual le ha permitido prodigarse en los medios de comunicación y emplearlos a menudo como altavoz de sus reivindicaciones. El uso que ha hecho de las redes sociales (especialmente Facebook, Twitter y YouTube) también ha sido modélico.
Y todo esto... ¿ha servido para algo? Pues lo cierto es que para bien poco. La Ley 1/2013, votada en solitario por el PP sin aceptar enmiendas de ningún grupo parlamentario, descarta la dación en pago y tampoco se contempla la retroactividad en su aplicación. Devolver el piso al banco, por tanto, sigue sin eximir de la deuda contraída, en contra de la que ha sido la principal demanda de la PAH desde su constitución en 2009. A las mejoras que incorpora la nueva ley, además, sólo podrá acogerse un pequeño porcentaje de los afectados y nadie que ya haya sido desahuciado antes de su entrada en vigor. Tanto se aleja la ley de la ILP original, que las entidades que la habían promovido se vieron obligadas a emitir un comunicado en el que anunciaban su decisión de retirar la iniciativa para "poner en evidencia que el proyecto de ley del PP supone el rechazo a la ILP que se presentó en el Congreso".
No importó que la PAH hubiera desarrollado una impecable campaña de lobbismo de base (grassroots lobbying) y que la ILP que impulsó a favor de la dación en pago retroactiva contara ‒según la encuesta realizada por Metroscopia para El País‒ con el apoyo del 90% de los ciudadanos españoles. No importó que la Ley Hipotecaria vigente sea una ley promulgada en 1946 y episódicamente parcheada desde entonces. No importó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara que las leyes españolas sobre desahucios no garantizan a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas de las hipotecas y que vulneran la normativa comunitaria. No importó que tanto el Consejo General del Poder Judicial como los jueces decanos instaran también a reformar la normativa.
Ni siquiera importó que, en lo que va de año, en España ya se haya superado la decena de suicidios vinculados a los desahucios. De hecho, el mismo día en que la nueva ley entró en vigor se supo de un nuevo caso: un hombre de 45 años se había quitado la vida en Murcia mientras aguardaba la visita de la comisión judicial que tenía previsto desahuciarle por el impago de su hipoteca.
El lobbismo es una actividad comunicativa que sirve para informar y sensibilizar a los poderes públicos ‒y muy particularmente al legislador‒ sobre los puntos de vista de aquellos que, de algún modo, se ven afectados por la actuación de la Administración. Ante poderes que gobiernan de espaldas a la ciudadanía, sin embargo, el lobbismo de base resulta inútil. Es triste constatarlo, sí. Pero más triste es que a los allegados de los suicidas se les haya negado el único consuelo que les quedaba: pensar que la terrible pérdida serviría para cambiar, de verdad, la ley que segó esas vidas.
Cita recomendada
LALUEZA, Ferran. Lobbismo tristemente inútil. COMeIN [en línea], mayo 2013, núm. 22. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n22.1338
