Número 48 (octubre de 2015)
El derecho a la información después del 27-S
Anna Clua

En caso de ganar las elecciones, ¿estaríais dispuestos a desarrollar y aplicar el artículo 52 del Estatuto de Autonomía de Cataluña? Claras y concisas como esta fueron las preguntas que las y los representantes de los movimientos sociales y el público participante hicieron a los conferenciantes del debate “¿Cómo garantizamos el derecho a la información y a la comunicación de la ciudadanía después del 27-S?”.

La sede que la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (CONFAVC) tiene en el barrio de la Barceloneta de Barcelona fue el escenario, el pasado martes 22 de septiembre, del encuentro entre siete candidaturas a las últimas elecciones al Parlamento y varios portavoces del mundo sindical, vecinal y asociativo. El acto, que contó con un numeroso público, estaba organizado por la Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i a la Comunicació. Como ponentes asistieron Jordi López Santín (Catalunya Sí que es Pot), Carlos Carrizosa (Ciutadans), Lluc Salellas (CUP), Enric Marín (Junts pel Sí), Santi Rodríguez (Partido Popular de Catalunya), Jordi Bosch Sala (Unió Democràtica de Catalunya) y Joan Enric Cunyat (Recortes Cero-Els Verds). La fila cero la compusieron Neus Ràfols (responsable de Comunicación de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña), Sònia Fuertes (miembro de la Junta Directiva de Entidades Catalanas de Acción Social), Montse Santolino (responsable de Comunicación de la Federación Catalana de ONG), Joan Carles Gallego (secretario general de CCOO de Cataluña), Ramon Espuny (presidente del Sindicato de Periodistas de Cataluña) y Moisès Rial (secretario de Comunicación de la CGT de Cataluña).

 

El debate puso sobre la mesa temas esenciales del panorama comunicativo catalán actual, como la pluralidad de los medios, la representación de la pluralidad social en los contenidos mediáticos, el acceso de la ciudadanía a la gestión de los medios, la educación en comunicación, las crecientes restricciones normativas al derecho de la libre expresión, la vía muerta donde se encuentra actualmente la regulación de los medios comunitarios, la naturaleza y futuro de los medios públicos, la gestión de entes como el Consejo del Audiovisual de Cataluña, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales o la Agencia Catalana de Noticias. También se discutió sobre la polémica de los bloques electorales, el concepto de servicio público aplicado a los medios, la precarización laboral del periodismo o la transformación del sector de la comunicación ante la nueva realidad económica y tecnológica.

 

No todos estos temas figuraban en las presentaciones que los representantes de las formaciones políticas habían preparado respecto al derecho a la información según los respectivos programas electorales. Obviamente, también difería el orden de prioridades que recibían estas diversas cuestiones desde las diferentes posturas ideológicas. Hubo poco tiempo para el enfrentamiento directo tan recurrido en esta campaña electoral, dado que el acto se orientó más bien a favorecer el cara a cara entre los políticos y las entidades ciudadanas. Pocas, no obstante, fueron las respuestas concretas a la pregunta sobre cómo un posible nuevo gobierno liderado por las respectivas formaciones se responsabilizaría del despliegue del artículo 52, según el cual se garantiza el derecho a la información a las catalanas y catalanes.

 

Tres fueron los ponentes que priorizaron en su hoja de réplicas el tema específico del derecho a la información. Jordi López defendió que para Catalunya Sí que es Pot el desarrollo del artículo 52 no tiene que limitarse al marco del Estatuto de Autonomía, sino que se debe encuadrar “en el frontispicio de la Constitución de la futura República Catalana”. Desde la CUP, Lluc Salellas se mostraba “completamente de acuerdo” con que hay que desplegar el artículo 52 y equiparaba el derecho a la información con cualquier derecho básico de la ciudadanía (por ejemplo, el acceso a los bienes comunes, como el agua o el acceso a la vivienda) que conviene no dejar en manos de políticas privatizadoras. Joan Enric Cunyat (Recortes Cero-Els Verds) consideró que la comunicación es de obligada inclusión en la agenda política posterior al 27-S. Según él: “Hay un clima de opinión que está exigiendo en todos los ámbitos de la sociedad ampliar la democracia y profundizar en el pluralismo y en la libertad de información”.

 

Para saber más:

 

Video del debate

 

periodismo;  eventos;  ética de la comunicación;  régimen jurídico de la comunicación; 
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