Número 80 (septiembre de 2018)
¡Que no piensen por nosotros! La documentación al servicio de la historia y de la memoria
Sandra Sanz Martos

Seguro que la gran mayoría de la población española hemos participado este verano en alguna tertulia, debate o discusión acalorada sobre el tema de la exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos. Todos los medios han rellenado programas y portadas con este, por otro lado, jugoso tema para la anodina época estival en cuanto a noticias relevantes se refiere. Seguramente, también, gran parte de la ciudadanía que ha conversado sobre este tema, copa de cerveza o taza de café en mano, valora más disponer en su municipio de residencia de un polideportivo que de una biblioteca. ¿Porque, total, para qué sirven las bibliotecas? Y ya no digamos los archivos, las hemerotecas, las videotecas, los centros de documentación. ¿Quién los necesita? ¿Qué importancia tienen en una sociedad donde se modela la opinión pública obviando los hechos objetivos y apelando a las emociones y a las creencias personales? ¿Para qué los necesitamos si toda la información que recibimos es contrastada y veraz? —dicho irónicamente, claro—. Para nada interesan en una sociedad donde se abusa de la posverdad y las fake news.  Esas cosas, como mucho, solo entretienen a cuatro periodistas aburridos. 

En este trabajo vamos a hacer un sencillo análisis de algunas cosas que hemos dicho o hemos escuchado dándolas por verdades históricas contrastándolas con fuentes de información primarias (documentos oficiales de instituciones públicas, por ejemplo) y fuentes secundarias de información revisadas (como enciclopedias, en este caso Wikipedia). A través de una pequeña muestra de informaciones, artículos de opinión o declaraciones de políticos, observaremos cómo se utiliza la desinformación. Evitando la  divulgación del conocimiento de datos, argumentos, noticias o información que no sea favorable a quien desea desinformar y facilitando, por el contrario aquella que favorece el discurso que se desea transmitir.
 
Empecemos por el artículo de opinión de Fernando Sánchez Dragó publicado en diario El Mundo el pasado 26 de agosto. 
 
«Mientras Napoleón, Lenin, Ataturk, Mao y el Tío Ho ¡menudos pájaros! siguen en sus mausoleos, la España cainita escupe sobre su historia. 
 
Si verdad es que medio país odiaba al Caudillo, no menos cierto es que el otro medio lo veneraba. Hablo del 36, porque cuarenta años más tarde, esa proporción se había roto y eran ya muchos más sus partidarios que sus detractores. La editorial Renacimiento acaba de publicar un interesante libro escrito al empezar la guerra por una observadora australiana: Eleonora Tennant (Viaje por España). En él se lee: "La técnica comunista era casi idéntica en cada ciudad y pueblo (...). 1. Se saqueaban y quemaban las iglesias. 2. Se torturaba y asesinaba a las monjas y los curas. 3. Se saqueaban y quemaban las casas. 4. Se robaba o asesinaba (o ambos) a la gente por las siguientes razones: a) por pertenecer a la clase alta; b) por ir a la iglesia; c) por ser anticomunista o por no ser lo suficientemente pro comunista. 
 
Esas espantosas condiciones imperaban en todos los lugares hasta que las tropas de Franco tomaron la localidad". Media España, como mínimo, lo sabía y apoyó al Caudillo.»
 
Repasemos algunos aspectos. En primer lugar, Sánchez Dragó obvia que es en el marco de la Unión Europea donde resulta totalmente anacrónico y fuera de lugar permitir que el Valle de los Caídos continúe considerándose el mausoleo del dictador porque, salvo Napoleón, el resto de los personajes a los que hace referencia no son europeos. El que fue el emperador de los franceses, a finales del siglo XVIII causó, sin duda, muchas heridas que ya han cicatrizado gracias al paso de los siglos. Sin embargo, resulta evidente que cuarenta años no es tiempo suficiente para curar las de los españoles. 
 
En segundo lugar, Eleonora Tennant fue miembro —situándose en los márgenes de la derecha— y candidata por Silvertown del partido conservador inglés. Junto a su marido, que tenía negocios en Alemania, apoyaron al nazismo. En su visita a España, durante la Guerra Civil española visitó las zonas bajo el control de las tropas franquistas en la franja de Portugal durante tan solo diez días que le resultaron suficientes para concluir que el «glorioso alzamiento» era un éxito rotundo y necesario. 
 
Y en tercer lugar, esa práctica atroz de asesinar a curas y monjas se cobró 6.832 víctimas. Muchísimas, ojalá eso no hubiera sucedido. Pero si como afirma Sánchez Dragó el Alzamiento nacional surgió como respuesta a esta barbaridad, esa respuesta fue cuanto menos desproporcionada. Porque se calculan que más de 50.000 personas fueron asesinadas (la mayoría fusiladas) durante la dictadura (después del 39). Eso sin contar los muertos y fusilados durante la propia Guerra Civil. Los historiadores cifran en 150.000 los muertos por la represión franquista
 
Otro tema del que se ha especulado mucho es la intención del dictador Franco al construir el Valle de los Caídos. Como es habitual, cada uno, según su ideología, da su versión de los hechos pero nada mejor que acudir a los archivos y recuperar el Boletín Oficial del Estado núm. 93 del 2 de abril de 1940:
 
«El decreto de primero de abril de mil novecientos cuarenta estableció la decisión de construir en la finca conocida de Cuelgamuros, un grandioso monumento que perpetúe la memoria en nuestra gloriosa Cruzada.»
 
En 1959, según el informe de la Comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos (29 de noviembre de 2011), el dictador Franco ordenó que se trasladaran restos de los dos bandos. Hasta 1983 se estuvieron llevando desde prácticamente todas las provincias de España. De los restos inhumados, 21.423 son de víctimas identificadas y 12.410 de personas desconocidas, (lo que lo convierte en la mayor fosa común de España) de acuerdo con la documentación que consta en Patrimonio Nacional. En el caso de los enterramientos colectivos con restos total o parcialmente identificados era necesaria la conformidad familiar respecto de todos cuantos hubieran sido identificados. En caso de unanimidad de los familiares no debía procederse a la exhumación. En los enterramientos con restos no identificados se ordenó proceder a la exhumación y traslado sin otras diligencias, ni de identificación ni tampoco de autorización de familiares. 
 
En el decreto ley de 23 de agosto de 1957 se establece la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y como fines fundacionales figura «rogar a Dios por las almas de los muertos de la Cruzada Nacional» y no a todos los caídos en la Guerra Civil. Por lo tanto, queda claro que la intención del dictador Franco era construir un monumento en memoria de los que lucharon en las tropas franquistas. El informe de la Comisión de expertos dice textualmente: «Construido inicialmente como "magno monumento destinado a perpetuar la memoria en la Cruzada de la liberación" (decreto ley de 23 de agosto de 1957), terminó más tarde por acoger también los restos de republicanos ejecutados en zona de retaguardia que estaban en fosas comunes así como posiblemente de soldados que sirvieron al Ejército de la República, lo que no ha empezado a ser de dominio público hasta hace muy pocos años». Y añade: «Recordar y respetar a las personas allí enterradas exige igualmente rescatarlas del anonimato y en algún caso del hacinamiento de los restos. Sobre los restos (…) penden asimismo demandas particulares que solicitan la exhumación de los restos de sus familiares.»
 
La Comisión de expertos añade: «Modificar el sentido originario del conjunto no es desde luego una empresa fácil porque el Valle de los Caídos nace como memoria de parte. Es una memoria excluyente que tiene que ver más con la intención del autor del monumento que con la significación de las víctimas. Aunque no todos son víctimas, entre los inhumados hay combatientes y civiles de ambos bandos. Son ellas las que, junto al sufrimiento de todas las que padecieron la Guerra Civil, justifican un lugar de memoria democrática.»
 
Pero el debate estrella ha sido, claro está, sobre si deben o no estar enterrados allí José Antonio Primo de Rivera (del que se habla menos) y el dictador Franco.
 
La Comisión de expertos expone en el apartado 15 de su informe: «Los restos de José Antonio Primo de Rivera, muerto en la Guerra Civil el 20 de noviembre de 1936 en Alicante, fueron después inhumados en el Monasterio de El Escorial y, una vez finalizadas las obras del Valle de los Caídos, fueron trasladados a la Basílica de la Santa Cruz el 30 de marzo de 1959. Entre los más de 30.000 españoles allí enterrados e igualados en la muerte, se optó por destacar y dar preferencia sobre todos ellos a José Antonio Primo de Rivera, que fueron inhumados en lugar central del altar mayor. A juicio de esta Comisión esta ubicación preferente quiebra el igual tratamiento debido a los restos de todas las personas allí enterradas.»
 
Por otra parte, con fecha de 23 de noviembre de 1975, treinta y seis años después de terminada la Guerra Civil, fueron inhumados en la Basílica los restos del general Francisco Franco muerto el 20 de noviembre de aquel año. Su presencia en la Basílica es, en primer lugar, incongruente con la finalidad original que motivó la construcción del Valle de los Caídos que no era si no acoger únicamente los restos fallecidos con ocasión de la Guerra Civil. Su inhumación entre los muertos y las víctimas de la Guerra Civil trastoca el sentido del memorial. Tampoco tiene constancia esta Comisión de que ese fuera el propósito del general Franco y de su propia familia. Asimismo, la presencia en la Basílica de los restos del general Franco dificulta el proceso de hacer del conjunto un lugar para la memoria de las víctimas de la Guerra Civil, sin ninguna otra connotación ideológica o política.» 
 
En el apartado 31 del informe se señala que «la Comisión es consciente de las dificultades de revertir la situación creada por los enterramientos en la Basílica de los restos de José Antonio Primo de Rivera y del general Francisco Franco. Asimismo, recuerda que en este punto concreto cualquier actuación del Gobierno en el interior de la Basílica exige una actitud de colaboración por parte de la Iglesia que es a quién se ha confiado la custodia de sus restos y que es quien, dada la calificación legal de la Basílica como lugar de culto, debe dar la preceptiva autorización.» 
 
Pero igualmente entiende la Comisión que «el objetivo de resignificar el conjunto del Valle de los Caídos, despojándolo de cualquier connotación ideológica y política, y atendiendo únicamente a la dimensión moral de la memoria, solo será posible si los enterramientos se reservan únicamente, como estaba previsto, para los restos de las víctimas y los muertos de la Guerra Civil. Por ello, esta Comisión recomienda que los restos del general Francisco Franco sean trasladados al lugar que designe la familia o, en su caso, al lugar que sea considerado digno y más adecuado. A tal efecto el gobierno deberá buscar los más amplios acuerdos parlamentarios y habrá de negociar con la Iglesia la oportuna autorización.» 
 
Por lo que se refiere a los restos de José Antonio Primo de Rivera, la Comisión recomienda que, dada la igual dignidad de los restos de todos los allí enterrados, aquellos no deben ocupar un lugar preminente en la Basílica.
 
Todos los miembros de la Comisión firman esta recomendación excepto tres, que están de acuerdo y suscriben todo lo que se recoge en el informe salvo en el apartado 31. Y argumentan entre otras cosas lo siguiente: «La exhumación y correspondiente traslado es, al menos hoy, inoportuna y contribuiría a dividir y radicalizar la opinión pública más allá del consenso parlamentario difícil en sí mismo. Una parte no pequeña de los españoles considerarían que la exhumación supone una descalificación de un largo período de la historia de España y a otra parte le resultaría muy ingrato el traslado de los restos del general Franco con la dignidad que corresponde a un jefe del Estado. Y todo ello en una circunstancia en que la opinión está y estará más dividida y radicalizada por las graves circunstancias económicas, sociales y políticas presentes.»  
 
La pluralidad de la Comisión queda evidenciada y se adelanta claramente al debate y división de opiniones que ya está en la calle. Han pasado siete años y el tema sigue siendo muy polémico y sensible. Haberlo hecho antes como algunas voces reprochan no hubiera sido posible por las mismas razones que siguen siendo vigentes ahora. Hace falta tiempo, la pregunta es cuánto. ¿Cuarenta y tres años tampoco son suficientes?
 
Sobre este asunto vale la pena recoger unas declaraciones del señor Casado del pasado 16 de julio. ¿Por qué se consideran propuestas incendiarias? ¿Por qué se habla de lo innecesario de este asunto con tanta ligereza? ¿Se ha leído el señor Casado el informe de la Comisión de expertos? 
 
La intención del presidente Sánchez ha sido buscar el consenso en la cámara parlamentaria tal y como recomienda el informe. Pero como era de esperar, y como también advierten los expertos de la Comisión, dicho consenso es difícil de conseguir. Por otro lado, la recomendación del informe es que se trasladen los restos del dictador. Por cierto, de manera discreta, nunca se ha planteado por parte del actual gobierno que ese traslado sea «con la dignidad que le corresponde a un jefe de Estado», tal y como apuntan los expertos no firmantes del apartado 31.
 
Llegando al final de este artículo donde se ha intentado exponer a través de algunos ejemplos el papel que puede jugar la documentación cuando la memoria y las emociones juegan malas pasadas, también es oportuno recordar que para abordar cualquier proyecto de ley se prepara, desde el servicio de documentación del Congreso de los Diputados, un dossier sobre precedentes y leyes similares en otros países. Es de esperar que la propuesta que está elaborando el gobierno también cuente con ello.
 
Recurrir a los archivos, a los informes y a las fuentes de información parece resultar más útil de lo que muchos creen. Sin todos estos recursos, la objetividad no es posible. Aunque tampoco nos engañemos, la objetividad pura en temas donde los sentimientos ocupan un lugar tan relevante no existe. Pero en todo caso, para eso sirven, entre otras cosas, los archivos, los centros de documentación y las bibliotecas para hacernos pensar y extraer nuestras propias conclusiones. Cosa que, por otro lado, nunca ha interesado a muchos gobernantes y dictadores. Ya lo decía Hitler: «Qué mejor suerte que gobernar a hombres que no piensan». 
 
Para saber más: 
 
Jackson, Gabriel (2008). La República Española y la Guerra Civil. Editorial Crítica. ISBN 9788484329978.
 
 
Julián Casanova (coord.) (2004). Morir, matar, sobrevivir: la violencia en la dictadura de Franco. Ediciones Crítica. ISBN 9788484325062.
 

 

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