Desde hace muchos años distintas instancias institucionales y académicas han venido señalando la información y el conocimiento como una vía para generar riqueza y competitividad. Ya en la Agenda de Lisboa (2000) se hablaba de convertir la economía de la UE en la más avanzada y competitiva del mundo mediante el conocimiento. En el año 2003 la Directiva 2003/98/CE apuntaba la reutilización de la información del sector público como una vía a explotar, para que contribuyera al crecimiento de la producción de contenidos y crear empleo. Y en España, ¿cómo se trasladan estas inquietudes?
En noviembre del año 2007 el BOE publicaba la Ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público, con el objetivo de contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo, y promover el crecimiento del sector de contenidos digitales. Se reconocía ya la potencialidad de la información generada desde las instancias públicas para uso de ciudadanos y empresas, y su valor económico si se disponía de dicha información de forma inmediata y era actualizada regularmente. Sin embargo, el despliegue de dicha ley se retrasa hasta cuatro años más tarde.
En noviembre del año pasado el Ministerio de la Presidencia publicaba el Real Decreto 1495/2011 que despliega la citada Ley 37/2007 donde se especifica a nivel orgánico la operativa a seguir para reutilizar la información. En un año, el sector público estatal se debe adaptar a las disposiciones de este Real Decreto, organizando sus procesos de tratamiento documental y definiendo las responsabilidades de dichos procesos y de coordinación de tareas, y todo ello sin aumento de la partida presupuestaria.
Además, la ley señala que los documentos deben ofrecer información vigente, por lo que se deben actualizar de forma continua y rápida, han de estar disponibles en formatos procesables, deben ser accesibles de forma automatizada, y, para ello, se deben desarrollar normas comunes de localización, descripción e identificación. En consecuencia, es de señalar la importancia de los procesos documentales para que los documentos sean de rápida y fácil localización, sin ruidos ni silencios documentales, y que la recuperación de información que éstos contienen sea fiable y vigente.
Ya ha pasado un año, y ¿qué se ha logrado? Aparentemente se están desarrollando los instrumentos: se ha desarrollado el catálogo de datos, se han realizado plantillas para ayudar a todos los organismos a la puesta a punto del servicio de reutilización, se han confeccionado manuales de asesoramiento y se han impartido sesiones de formación. Además, diversas comunidades autónomas han desarrollado su portal para la reutilización de la información. Y, por último, el sector infomediario –el implicado en la explotación de contenidos– está satisfecho porque, a pesar del contexto de crisis, su nivel de actividad se está manteniendo o está aumentando.
Por tanto, parece ser que sí se ha empezado a explotar el valor de la información. No obstante, unas notas finales para la reflexión: ¿se ha iniciado tarde?, ¿se podría haber cambiado el paradigma productivo antes? y, si es tan importante la información y los procesos documentales, ¿por qué no se genera más empleo para los profesionales de la información y la documentación?
Y yendo más allá incluso: ¿por qué no se incentivan los estudios de Información y Documentación, dado que los requerimientos de la ley apuntan la necesidad de competencias asociadas a este perfil profesional?, ¿se está cumpliendo el Real Decreto solo en apariencia?, ¿se está realmente explotando todo el potencial de la documentación generada en las administraciones públicas?, ¿se está aplicando un tratamiento documental adecuado?
De momento, preguntas sin respuesta. Solo hechos, pero un halo de esperanza para un sector con un enorme potencial.
Cita recomendada
GARCIA ALSINA, Montserrat. La información tiene un valor económico, pero... ¿se está explotando? COMeIN [en línea], diciembre 2012, núm. 17. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n17.1287
