Número 75 (marzo de 2018)
Enfocando la distorsión de las 'fake news'
Silvia Martínez Martínez

No hay duda de que las fake news se han convertido en una de las expresiones de moda de los últimos meses. Ciudadanos, medios de comunicación y, especialmente, políticos la han popularizado y la han convertido en centro de interés, debate y monitorización. Al margen de defensores y detractores del término, lo cierto es que apela a un fenómeno complejo en el que se entremezclan problemáticas, visiones e intereses diversos que distorsionan la realidad y dificultan enfocarla. 

En este 2018, coincidiendo con el septuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en cuyo artículo 19 se reconoce el derecho a «recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas», la expansión de las fake news se nos presenta como una gran amenaza no exenta de debate. La propia combinación de palabras puede resultar en esencia contradictoria si se entiende que para hablar de noticia tiene que haber una información de actualidad fundamentada en base a hechos reales. Tanto la jurisprudencia como el marco normativo y legal (como por ejemplo el artículo 20 de la Constitución Española) ahondan en esta condición al incluir el adjetivo veraz al tratar cuestiones relacionadas con el derecho a la información. En coherencia con ello, los propios códigos deontológicos del periodismo insisten en la necesidad de comprobar y contrastar los datos de forma oportuna y razonable en el ejercicio de la labor informativa.
 
Los detractores de la expresión, además, pueden añadir entre sus argumentos el desconcierto existente en torno a la realidad a la que apela.  Un estudio de R. K. Nielsen y L. Graves sobre la visión que tiene la audiencia de las fake news, y que se basa en respuestas recogidas en diversos países entre los que se incluye España, apunta hacia la confusión que hay entre los ciudadanos que, al ser preguntados por ejemplos de noticias falsas, señalan casuísticas muy diversas. Entre ellas citan prácticas de un ejercicio periodístico deficiente, pero también acciones publicitarias o propagandísticas hasta llegar a la falsedad que aparenta ser noticia. En un informe encargado por el Consejo de Europa a C. Wardle, de First Draft, y al escritor H. Derakhshan, los autores prefieren no usar esta expresión tanto por su apropiación por parte de los políticos como por resultar un término inapropiado ante el complejo entramado de situaciones que se dan y que varían en función de si se registran o no elementos tales como la falsedad y la intención de hacer daño. Según describen estos autores, la desinformación contemplaría ambas premisas.
 
La reciente declaración emitida por la International Association for Media and Communication Research (IAMCR) también prefiere el término desinformación en lugar de fake news. Tal y como indica, aunque no se trata de una práctica nueva, el contexto digital ha incrementado las posibilidades de alcance y rapidez de transmisión lo que, en consecuencia, aumenta los riesgos y la hace más preocupante. A ello se puede sumar, además, la apertura de la comunicación pública que ha facilitado al usuario difundir sus contenidos.
 
Ante la amenaza de la dimensión y las propias consecuencias que la desinformación puede alcanzar, la Comisión Europea ha abierto un proceso para abordar el problema que suponen las fake news. En él intervienen diferentes actores con el objetivo de plantear soluciones que puedan ser de aplicación en los diferentes territorios de la Unión. Por su parte, parlamentos de diferentes estados también están empezando a presentar iniciativas para atajar esta problemática. En España, el PP ha defendido una proposición no de ley para «garantizar la veracidad de las informaciones que circulan» por internet que ha sido votada por puntos en el pleno del 13 de marzo de 2018 resultando finalmente todos ellos rechazados. El texto presentado contemplaba, entre otros, «la elaboración de métodos para determinar la veracidad de informaciones que circulan por servicios conectados a Internet y […] medidas de acción que garanticen la detección de esas informaciones en base a un buen método para identificarlas y su "sellado" o descalificación como potencial noticia falsa ante el ciudadano. […] estos métodos y medidas de acción deberían ser desarrollados por instituciones públicas especializadas en colaboración con proveedores de servicios de Internet, proveedores de infraestructuras de Internet, medios de prensa, usuarios y asociaciones».
 
Otros grupos parlamentarios también han expuesto sus iniciativas. Así se puede citar la proposición no de ley «relativa al refuerzo de las capacidades dedicadas a la lucha contra las acciones de desinformación», presentada por el PSOE y aprobada el 7 de marzo de 2018 por la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, donde se solicita que se participe en los procesos que la Unión Europea viene desarrollando en este sentido.  También se puede mencionar la iniciativa sobre “desinformación” que presentó el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, rechazada el mismo día por la misma Comisión, en la que, ante el desarrollo de políticas de ciberseguridad, se instaba a respetar los derechos fundamentales y a que los recursos implementados no se fundamenten «sobre intereses privados».
 
Asociaciones y agrupaciones de profesionales se han manifestado también al respecto de alguna de las propuestas presentadas. Así, el pasado mes de diciembre la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) presentaba su manifiesto En Defensa de la Libertad de Información al que se han adherido diferentes asociaciones y medios. En él se expresa su preocupación por el hecho de que «los agentes políticos […] pretendan ahora luchar contra la desinformación con iniciativas que pueden comprometer la independencia de los medios». También la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha pronunciado ante las iniciativas que puedan suponer un control ejercido por organismos públicos recordando que el código deontológico es el marco que el periodista debe aplicar en el ejercicio de la profesión y apostando por acciones formativas que impulsen la «capacidad crítica».
 
El miedo a la censura se entreteje así en el debate de las fake news. Nic Newman en Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2018, incluye esta expresión como una de las claves que marcará el presente año. En este caso los protagonistas son grandes compañías digitales que podrían considerar ejercer el borrado de contenidos como medida de autoprotección. En contrapartida a lo que apunta Newman, algunas voces también ven con preocupación que el miedo a la desinformación devuelva la posición privilegiada que los medios convencionales ejercían sobre el flujo informativo y se límite así la multiplicidad de sujetos y voces existente en la actualidad.
 
Con todo, la aproximación a las fake news requiere de una reflexión extensa que ofrezca una profundidad de campo amplia que permita ver con nitidez no solo el elemento central, la desinformación, sino también el resto de cuestiones en juego, que no son pocas.
 
periodismo;  medios sociales;  ética de la comunicación; 
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