Datos abiertos y ‘líneas de negocio’ en las administraciones públicas

Transcurridos unos años observamos que los portales de datos abiertos en España están avanzando y la reutilización de la información es un sector económico pujante. No obstante, nuestros archivos y bibliotecas aún tienen camino por recorrer en el aprovechamiento de la posibilidad que abre la directiva de obtener recursos para cubrir costes de servicios y productos, y además obtener un beneficio. Este hecho se ha puesto en evidencia en las Jornadas sobre Reutilización de la Información organizadas por Archivos de la Comunidad de Madrid. Son ya muchas las experiencias en que se han publicado datos abiertos y en que se han ofrecido productos y servicios basados en datos abiertos. No obstante, definir líneas de negocio para obtener un beneficio aún queda lejos de estar en la agenda de las Administraciones públicas.

¿Qué líneas de negocio se pueden establecer? Aquellas que permitan responder a las necesidades de los ciudadanos y de las empresas y que, por requerir de un trabajo extra adicional a las tareas habituales de bibliotecas y archivos, no se están llevando a cabo. Por ejemplo, la anonimización en documentos electrónicos desestructurados es un trabajo manual que requiere de una inversión de tiempo considerable, y por ello se deja de hacer en muchos casos. La digitalización de colecciones o expedientes (preservando de derechos de propiedad) podría ser otra línea. O la localización de documentos para investigación, por encargo, por poner otro ejemplo. Estas peticiones específicas, junto a otras procedentes de empresas del sector de la reutilización, se podrían atender con recursos humanos dedicados, que podrían incluso justificar el aumento de plantilla con recursos propios.

A pesar de esta oportunidad, en la cultura organizativa aún pesa el concepto de servicio público y que los datos abiertos por definición deben ser gratuitos. Por tanto, entran en choque dos conceptos: abierto/gratuito, por un lado, y tarificación, por otro, según se especifica en la Ley 18/2015, a efectos de recuperar el coste de recogida, producción, reproducción, difusión, conservación y compensación de derechos, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión, calculado en base a precios aplicados por el servicio privado.

Algunos podrían pensar que estas líneas de negocio pueden entrar en competencia con las empresas del sector infomediario. Ello no debe ser así, si se definen desde el punto de vista de la colaboración. Para ello, se debe partir de las necesidades manifestadas por las empresas sobre cómo se deben poner los datos abiertos a su disposición con el fin de poder ser explotados con garantías de calidad, y sin hacer esfuerzos adicionales, que en algunos casos limitan o descartan la explotación de los grupos de datasets publicados. En realidad, satisfacer los retos que ha manifestado la industria infomediaria podría ser ya una línea de negocio por sí misma. En ella, podrían obtener un beneficio económico tanto la empresa como la Administración pública. Y no olvidemos que ese beneficio, en el caso de la Administración pública, redunda en la posibilidad de un mejor y más ampliado desempeño del servicio público.

Por tanto, es posible definir líneas de negocio en las Administraciones públicas, entendiendo negocio como beneficio para obtener recursos que faciliten ofrecer a su vez más servicios y más eficientes.

Esperemos que el despegue del sector, la concienciación por parte de las Administraciones del valor de los datos abiertos como materia prima del siglo xxi y esta nueva directiva impulsen un cambio en las bibliotecas y los archivos para obtener recursos propios que redunden en beneficio de la ciudadanía y en el desarrollo económico a través de las empresas de reutilización de la información.

Cita recomendada:

GARCIA-ALSINA, Montserrat. Datos abiertos y ‘líneas de negocio’ en las administraciones públicas. COMeIN [en línea], noviembre 2019, no. 93. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n93.1977