Número 71 (noviembre de 2017)
Visca Catalunya, libre y digital
Alexandre López-Borrull

Puede un investigador en Ciencias Sociales escribir un artículo donde, intentando ser académicamente correcto, trate un tema sobre el que está políticamente posicionado? Acepto el reto. Sobre Cataluña y la ciberguerra del Estado. 

Hace muchos años que percibimos que en la sociedad actual uno de los principales activos es la información, y sus flujos marcan el día a día, a nivel comunicativo, económico y social. Nunca como este año hemos podido percibirlo en Cataluña, donde estamos, podemos decir que desde el 17 de agosto, informativamente sobreexcitados. Hemos podido captar cómo seguimos a medios de comunicación, periodistas que escriben en sus medios sociales (incluso más libremente, diríamos), opinadores que generan múltiples hilos con múltiples entradas (mala época para haber olvidado las ventajas de los blogs). Además, el ritmo de generación de noticias, días históricos y acontecimientos que hacía años que no se vivían hará que probablemente recordemos para siempre la segunda mitad del 2017.
 
Así, hemos tenido que aprender a marchas forzadas (no todos, los profesionales de la información ya hace tiempo que lidiamos con ello) a combatir rumores, a seguir y retuitear a los perfiles institucionales de policías y servicios de emergencias, y a luchar contra los llamados trolls, interesados en ir contra toda diversidad religiosa, política y de pensamiento en general. Y hoy no hablaré de posverdad ni fakes, solo con las certezas ya sufrimos una infoxicación. En entornos digitales cuesta mucho, ya lo sabemos, que a veces parecen más los lavabos de establecimientos de pública concurrencia que no ágoras digitales para construir pensamiento colectivo.
 
Lo que poco imaginábamos, incluso los entendidos digitales, es que deberíamos aprender a movernos en medio del internet clandestino. ¿Es un país normal aquel donde su presidente debe ir anunciando páginas web con dominios y servidores internacionales cuando un estado cierra páginas web? ¿Es un país normal aquel donde la gente tiene que aprender cómo funciona Tor, un proxy, navegadores sin internet y aplicaciones de mensajería con máxima seguridad criptográfica? ¿Es un país normal aquel donde una jornada electoral se convierte, no ya escaramuzas, sino en una guerra digital abierta, en la que la munición son direcciones IP (a pelo, sin nombres de dominio), y donde las tías y jubilados envían a través de grupos de WhatsApp los documentos PDF de papeletas que no podrán imprimir nunca porque no tienen impresora? Nada ejemplifica mejor el sentido del deber cívico como ver jóvenes universitarios con portátiles en la plaza Universitat informando a personas mayores donde tenían que ir a votar. ¿Garantías? Como afirma Castells, «desde un punto de vista técnico es cierta la célebre afirmación de John Gilmore de que los flujos en internet interpretan la censura (o interceptación) como un fallo técnico y encuentran automáticamente una ruta diferente de transmisión del mensaje.»
 
Porque todo lo que ha tenido lugar alrededor del día 1 de octubre deberá ser estudiado. No hablo de hashtags, no hablo de tuits, ni de influencers. Hablo de ciberguerra. Recuerdo el trabajo final de grado de Jordi Mogas, valorando precedentes de ciberseguridad y conflictos entre estados, todo enlazado con la posible independencia de Cataluña. En ese momento, un muy interesante trabajo de reflexión sobre aspectos diversos. Vista la realidad, un preludio.
 
 Hace años, después de la ley de partidos, recuerdo las dificultades que tuvo el Estado para cerrar el sitio web de Batasuna. Las dificultades iniciales de legislar localmente un hecho global. Reglas a medio camino entre la jurisdicción, los paraísos digitales y la libertad de expresión. En Cataluña hemos visto cerrar páginas web que llamaban a votar. Y no hablo solo de las institucionales, sino también de entidades de la sociedad civil. Y en medio de la vorágine, lo hemos normalizado. Hemos visto cómo la policía se presentaba en medios de comunicación por unos anuncios publicados. Y también lo hemos normalizado. Hemos retrocedido en nuestros derechos, y no podemos considerarlo una anécdota. La Patriot Act, relacionada con el 11S, tuvo la consecuencia de perder valores ganados a lo largo de los años en nombre de la seguridad. En aquel caso, de las personas. Ahora, en nombre de la seguridad de los estados.
 
Otro aspecto a considerar en todo lo que está pasando es el hecho de la internacionalización del conflicto. Todavía me sorprende ver Julian Assange, de WikiLeaks, tuiteando sobre Cataluña. Hemos sido convertidos en un peón geopolítico más en el intento, por parte de unos países, de hacer ver que el emperador de la Unión Europea va más desnudo de lo que pensamos. En este sentido, es muy significativo ver cómo algunos actores globales como Anonymous se han posicionado. Los movimientos alternativos en torno a las redes han entendido que esto no va de Cataluña, sino de derechos digitales, y por ello, con mayor o menor inteligencia política, han mirado de añadir su grano de arena cibernético con ataques DoS y de otro tipo a sitios web del Estado.
 
¿Se puede creer que esto solo va de independencia? Ciertamente, acabamos el artículo pensando que para poder hacer estudios académicos posiblemente nos falta perspectiva y distancia. Pero entonces recuerdas que no estar posicionado puede ser interpretado como connivencia con la injusticia. Y entonces sientes que has hecho lo correcto.
 
gestión de la información;  medios sociales;  periodismo;  ética de la comunicación;  comunicación política;  comunicación de crisis; 
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