Se habla mucho de la decepción de los ciudadanos hacia la política y su desafección. El gobierno abierto y muy especialmente la participación activa –en la confección de presupuestos, o en consultas, o incluso en la toma de decisiones– es vista por los políticos como una vía para devolver a los ciudadanos a la esfera política, como mínimo, a la participación en las elecciones municipales, autonómicas, nacionales o europeas. Sin embargo, ¿cómo se está empleando esta vía?, ¿se está cuidando?, ¿se está potenciando eficientemente?, ¿es sincera?
Según el Plan de Transformación Digital (2015-2020), en 2020 la Administración española ha de ser digital y vanguardia en el uso de las TIC. Para ello, se debían aplicar distintas actuaciones como transformar los procesos de gestión internos en electrónicos con sistemas de información y plataformas integradas, y desarrollar el puesto de trabajo digital del sector público. ¿Está la Administración Electrónica preparada para atender al ciudadano durante el confinamiento? ¿Cuán ágil ha sido la Administración Digital para adaptar los procesos a las medidas urgentes propuestas por el Gobierno?
Desde junio de 2019 tenemos una nueva directiva relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público (Directiva (UE) 2019/1024). Esta directiva refuerza la oportunidad que tienen bibliotecas y archivos de recuperar costes derivados de preparar y gestionar datos para ponerlos a disposición de la reutilización de la información y además obtener beneficios, aplicando tarifas similares a las del mercado. Esta oportunidad ya se plasmó hace unos años en la anterior directiva del 2013, recogida, a su vez, en la Ley 18/2015. En un artículo anteriormente publicado en COMeIN indicábamos la oportunidad de abrir líneas de negocio en archivos y bibliotecas. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Se ha aprovechado?
El pasado mes de mayo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se empezó a aplicar, aunque ya estaba en vigor desde mayo de 2016. Fue en mayo cuando todos recibimos un alud de mensajes para confirmar nuestro permiso de tratamiento de nuestros datos. ¿Por qué es tan importante para las organizaciones asegurarse el permiso para el tratamiento de datos personales, y para qué es esta regulación?
El fortalecimiento de la democracia a menudo se vincula a rendición de cuentas, transparencia y gobierno abierto. La rendición de cuentas de las administraciones públicas está sujeta a la publicación periódica de información pública, proactiva o bajo demanda de la ciudadanía. Para hacer efectivo el gobierno abierto y que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, estos tienen que disponer de datos e información. Si los datos y la información se publican en formatos abiertos, entonces datos e información se pueden reutilizar para crear valor.
La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aunque en la mente de la mayoría sea un instrumento de detección y prevención de la corrupción, es un instrumento más a disposición de las administraciones públicas y las empresas de un territorio para crear inteligencia y, por ende, riqueza y desarrollo territorial. Para que ello ocurra, solo se debe aprovechar y explotar la información y los datos contenidos en los sistemas de información y en los documentos que forman parte de los expedientes administrativos. ¿Se está aprovechando y explotando la información? ¿Cómo se logra? ¿Qué se está haciendo?
La información pública y los datos abiertos son recursos para empresas, ciudadanía y administración pública. La reutilización de información y los datos abiertos son fuente de beneficios y abren oportunidades de desarrollo económico y optimización de recursos. Sin embargo, el acceso y la obtención de datos, su explotación para elaborar más datos y crear productos, su análisis y generación de productos y servicios de valor añadido presentan retos que deben ser resueltos para impulsar el potencial de la reutilización de información pública (sector infomediario).
El acceso de los ciudadanos a la información pública es un derecho en los países democráticos. Recogen este derecho en su legislación. La publicidad activa es una vía de acceso. La solicitud es la otra. En todos los casos, las administraciones públicas necesitan tener organizados y bien clasificados sus documentos, para garantizar el suministro de información de calidad. Pero, ¿cómo se logra esto?
Con algunas décadas de diferencia respecto a otras democracias, en España desde hace tres años tenemos legislación para asegurar la transparencia y el acceso a la información pública. A nivel estatal también disponemos de una ley de reutilización de la información pública, para la cual el acceso a la información es clave. ¿Cómo se está implantando la transparencia y la reutilización de la información en las administraciones públicas? ¿Se está obteniendo el beneficio económico que las leyes indican? ¿Qué problemas están surgiendo?
En la década de los noventa del siglo pasado, las entonces denominadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) ya estaban revolucionando la sociedad, la economía, y nuestra vida. Entrábamos en la sociedad y la economía del conocimiento, donde la gestión de datos y de información llevaba a generar conocimiento, materia prima de la nueva era, y al desarrollo económico. Los fundamentos de la sociedad y la economía industrial quedaban atrás gracias a las NTIC, que abrían una nueva era económica y social. La Unión Europea, en la Agenda de Lisboa del 2000, ya apuntaba que gracias al conocimiento Europa se convertiría en la economía más avanzada del mundo. Ahora, siglo XXI, década de los años diez: ¿no oímos la misma canción bajo el título de transformación digital?