La digitalización, una de las transformaciones más profundas de nuestras sociedades, tiene un impacto directo en la manera en que trabajamos, estudiamos, nos comunicamos y accedemos a todo tipo de servicios, sean públicos o privados. En definitiva, impacta en cómo ejercemos nuestra ciudadanía.
Aun así, no todo el mundo participa en igualdad de condiciones. En Cataluña, la Mesa de entidades del Tercer Sector Social, en colaboración académica con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el grupo de investigación CNSC (Communication Networks & Social Change), hemos impulsado el primer Índice catalán de brecha digital, una herramienta pionera para medir y hacer visibles las desigualdades en el acceso y el uso de las tecnologías digitales.
Metodología y mirada comarcal
Este índice no es solo una fotografía de la situación actual en Cataluña. Se trata de una metodología reproducible y transferible, pensada para que otros territorios puedan aplicarla y para que, con el tiempo, sirva para seguir la evolución de la brecha digital en el país. El objetivo está claro: aportar datos sólidos para que tanto las políticas públicas como las acciones sociales, así como las decisiones de los agentes privados, dispongan de una evaluación rica y dinámica, y sean más efectivas.
El índice combina fuentes públicas y privadas, y analiza tres grandes dimensiones: la infraestructura disponible, los equipamientos de que dispone la ciudadanía y los usos que hace. De este modo, no solo se evalúa si hay red (sea fibra o datos móviles), sino también si las personas disponen de ordenadores o dispositivos móviles para conectarse y, sobre todo, si tienen las competencias y la confianza para utilizarlos en la vida cotidiana.
Infraestructura: la brecha geográfica
En cuanto a la infraestructura, los resultados muestran contrastes evidentes. A pesar de que la cobertura mediana del 5G llega al 95 % de Cataluña, hay comarcas claramente desfavorecidas. Mientras que el Barcelonès llega prácticamente al 100 % de cobertura, en la Alta Ribagorça no se supera el 20 %.
Otras comarcas, como por ejemplo el Pallars Sobirà, la Segarra o el Pla d’Urgell tampoco superan el 50 %. Estos datos ponen de relieve cómo la digitalización no llega con la misma intensidad en todo el país. En particular, las zonas rurales y de montaña quedan al margen de una red imprescindible para la competitividad y la cohesión territorial.
Equipamientos: diferencias en los centros educativos
En materia de equipamientos, las cifras son más equilibradas entre comarcas, puesto que la práctica totalidad de los hogares catalanes dispone de conexión de banda ancha (97,1 %) y de teléfonos móviles (99,4 %). Ahora bien, cuando se analizan los centros educativos, la situación es más desigual. El número de ordenadores disponibles por alumno varía mucho: mientras que en el Ripollès hay 91 por cada cien estudiantes, en la Alta Ribagorça la cifra cae a 29, cuando la media de Cataluña es de 55.
Estos datos se corresponden en un momento en que todavía no se había posado en discusión si las aulas tienen que tener menos presencia digital. En este sentido, parece necesario asumir que «más (ordenadores)» no siempre es «mejor (educación)». Aun así, el gran diferencial entre comarcas es preocupante y las políticas educativas lo tienen que tener en cuenta.
Usos: la brecha de edad y la socioeconómica
La tercera dimensión del índice, relacionada con los usos, es la que muestra con más claridad que la brecha digital va mucho más allá del mero acceso a internet. Los datos permiten estimar los niveles de uso de algunos servicios esenciales, públicos o privados.
Por un lado, la tasa de uso de La Meva Salut, el portal de la sanidad pública de Cataluña, se sitúa en el 64 % de la población catalana mayor de 16 años usuaria de los servicios públicos de salud. El uso sube hasta el 74 % en la cohorte de 25 a 34 años y baja hasta el 41 % en el grupo de personas de 75 años o más (75+). Las funcionalidades más sofisticadas muestran un diferencial todavía más acusado. En concreto, eConsulta, el servicio de Mi Salud que permite contactar con profesionales sanitarios del sistema público en línea, tiene una tasa media de uso del 20 % que cae prácticamente a la mitad en el grupo 75+ (11 %).
Por otro lado, la banca electrónica refleja la misma brecha generacional. En concreto, el 84 % de la clientela habitual emplea el canal digital con su entidad. Prácticamente toda la clientela hasta los 44 años emplea este canal (al menos el 95 % entre los 16 y los 44 años), mientras que la tasa cae hasta el 72 % en el grupo 65-74 y hasta el 46 % entre la clientela 75+. A la luz de los cambios del sistema bancario, donde claramente el sector ha optado por la no presencialidad, las diferencias en los usos también se pueden considerar un reflejo de posible exclusión bancaria.
Factores clave: edad, género y territorio
La edad es, de hecho, el factor más determinante. A partir de los 65 años, el uso de servicios digitales empieza a bajar de manera clara, y a partir de los 75 la caída es abrupta. Esto indica que la brecha no se resuelve solo con infraestructuras o dispositivos: también hace falta un diseño adecuado de los entornos y servicios digitales, formación específica e inclusiva, acompañamiento y confianza. El género, en cambio, no muestra grandes diferencias en el uso general de Internet. El territorio, por su parte, continúa siendo una variable clave: las zonas rurales acumulan desventajas en todos los ámbitos, desde la cobertura hasta la disponibilidad de equipamientos o el uso de los servicios.
Los resultados ofrecen una lectura clara. Por un lado, la digitalización no es una realidad homogénea y, por otro, la brecha digital está asociada a otras fuentes de desigualdad social muy conocidas, de forma que, más que hablar de desigualdad digital, es más preciso hablar de desigualdad sociodigital. No basta con desplegar redes 5G o garantizar que cada hogar tenga un móvil. Hay que asegurar que todo el mundo pueda utilizar las herramientas digitales para ejercer derechos tan básicos como, por ejemplo, acceder al sistema sanitario, comunicarse con la administración o gestionar su economía personal. Y, en todo caso, hace falta que haya una alternativa no digital.
Hacia una digitalización inclusiva
El índice catalán de brecha digital quiere ser una herramienta de transformación. Es un instrumento innovador, puesto que aporta un nivel de detalle que hasta ahora no estaba disponible. Permite identificar colectivos y comarcas donde habría que intervenir con más urgencia y ofrece a los responsables políticos y sociales una base sólida para diseñar medidas concretas. El instrumento tiene mucho potencial. Si el proyecto tiene continuidad y se constituye el observatorio de la brecha digital de Cataluña, también servirá para hacer seguimiento en el tiempo y evaluar las políticas que se despliegan. En todo caso, y por encima de todo, el índice ayuda a entender, y a explicar, que la digitalización es una cuestión de justicia social.
Nota disclaimer:
Este texto se ha preparado con el apoyo de herramientas de IA generativa. Las opiniones y los posibles errores son responsabilidad de la autora.
Para saber más:
Informe de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña: https://www.tercersector.cat/sites/default/files/2025-07/t3s_2025-07_informe_index_de_bretxa_digital.pdf
Nota de prensa de la Mesa del Tercer Sector: https://www.tercersector.cat/sites/default/files/2025-07/2025-07-03_ndp_la_taula_del_tercer_sector_social_i_la_uoc_desenvolupen_el_primer_index_catala_de_bretxa_digital_vdef.pdf
Nota de prensa de la UOC: https://www.uoc.edu/es/news/2025/creat-index-catala-contra-la-bretxa-digital
Imagen de portada:
Foto de Pexels/Pixabay.
Citación recomendada
FERNÁNDEZ-ARDÈVOL, Mireia. «Medir la desconexión: el Índice catalán de brecha digital». COMeIN [en línea], octubre 2025, no. 158. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n158.2567

Profesora de comunicación digital en la UOC