El término lobby suena vagamente en el vocabulario político de la opinión pública. Escándalos como el Catargate, donde altos funcionarios de la UE y cargos políticos recibieron comisiones ilegales a cambio de favorecer a Catar en decisiones clave, han puesto el foco en una práctica que pasa desapercibida para muchas ciudadanas y ciudadanos en su consumo diario de información política. Poco conocido también es que ya hace treinta años que el Parlamento Europeo decidió que se tenían que intentar regular las prácticas de lobby a través de un registro de entidades y profesionales que quieren influir en política europea.
Este registro después se replicó en la Comisión Europea (2011), en el Consejo Europeo (2020), en Cataluña (2014), que fue seguida por Castilla-La Mancha (2016) y Madrid (2020). Aun así, nunca ha llegado a implementarse estatalmente. Dado este contexto, con más de una década intentando aportar transparencia a las actividades de lobby a escala europea y autonómica, ¿qué hemos aprendido?
Elementos positivos de los registros de grupos de interés
Empecemos por los elementos positivos. Hemos aprendido que los registros tienen un papel clave en la salud democrática de nuestros sistemas políticos. Tener un registro de grupos de interés, como se denomina oficialmente a los lobistas, garantiza transparencia y posibilidad de rendición de cuentas en la toma de decisiones de los políticos y servidores públicos. Los registros son una base de datos abierta y pública donde todas aquellas personas y organizaciones que quieren influir en las decisiones de los diferentes gobiernos deben inscribirse. Tanto las entidades que quieren influir como los altos cargos que reciben esta influencia tienen que grabar todas las reuniones que mantienen y, en algunos casos, cuál es la agenda de sus reuniones. Participar del registro no siempre es obligatorio, pero en algunos casos es necesario, por ejemplo, para obtener una acreditación para entrar al Parlamento Europeo o para poder participar en comisiones donde se debaten políticas públicas. En caso de no cumplimiento del registro, por ejemplo, en Cataluña, se puede presentar una queja formal a la oficina antifraude.
Periodistas, ciudadanos y las mismas entidades y organizaciones que forman parte, pueden consultar quién forma parte del registro y cuántas reuniones se han producido entre los grupos de interés y los altos cargos. Gracias a la transparencia de datos, sabemos que Google, Airbus y Meta encabezan el ranking de empresas que más reuniones han agendado con altos cargos de la Comisión Europea en 2024. Fue en 2024 cuando se debatieron los puntos clave de la legislación sobre la nueva inteligencia artificial (IA) generativa (Google y Meta) y se decidió, entre otros, la nueva normativa sobre equipaje en cabina en los vuelos comerciales (Airbus). Actualmente, el registro de transparencia unificado del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Europa cuenta con 15.031 entidades y organizaciones. Gracias a la nuestra investigación sobre el registro de grupos de interés catalán sabemos que el registro también ayuda a las entidades y organizaciones de la sociedad civil más pequeñas a ejercer una influencia más efectiva sobre los poderes públicos.
Carencias de los registros de ‘lobbys’
Ahora bien, los registros tienen elementos problemáticos. Los registros no capturan todas las organizaciones y personas que ejercen influencia en los diferentes gobiernos, no todas las interacciones políticos - grupos de interés quedan grabadas y el acceso a los datos del registro muchas veces no es fácil ni transparente. ¿Cómo se define quién entra o no al registro? ¿Cualquier empresa que se quiera reunir con un alto cargo? Este es uno de los principales dilemas que tienen todos los registros de grupos de interés vigentes. Algunos registros aportan una definición muy clara: los lobistas o grupos de interés son todas aquellas entidades, organizaciones y personas que quieren influir en una política pública. Ahora bien, otros registros, como el del Parlamento Europeo, hacen excepciones. Así, el registro del Parlamento Europeo excluye de la necesidad de formar parte a las «iglesias y asociaciones o comunidades religiosas, así como a las organizaciones filosóficas y no confesionales». Solo se deben registrar si estas entidades están representadas por alguna agencia dedicada al lobby. Algunas investigaciones periodísticas han denunciado estos privilegios y han alertado de la influencia opaca de grupos religiosos en la política europea.
Los registros de grupos de interés también tienen problemas para capturar las interacciones entre los altos cargos o políticos y los grupos de interés. Formalmente, la mayoría de los registros obligan a insertar reuniones oficiales que, habitualmente, se producen en las oficinas de los altos cargos o políticos, pero estas solo son una parte de las interacciones entre estos dos grupos. Por ejemplo, existe todo un circuito de eventos en Bruselas donde se debaten temas de la agenda política, ya sean charlas o conferencias. Es muy habitual que lobistas y altos cargos se encuentren en estos eventos, y las interacciones que se producen no quedan recogidas en ninguno de los registros actuales. Estos eventos van de almuerzos informativos a conferencias de lujo con gastos pagados.
El otro gran problema de los actuales registros de grupos de interés en Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid y Unión Europea es que no cuentan con un equivalente en el ámbito estatal. La regulación de las actividades de lobby es inexistente estatalmente. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013 no hace ninguna mención a la regulación del lobby. Varios informes, como el del estado de derecho en la UE del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), han alertado a España sobre la carencia de regulación estatal del lobby. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene un registro voluntario de grupos de interés activo desde el 2016, pero allí no están los principales actores del lobby a escala estatal. Por ejemplo, solo cuatro empresas del IBEX 35 están inscritas en el registro de la CNMC. Estas empresas han incrementado sus actividades de lobby en los últimos años, según recoge un informe sobre la sostenibilidad de las empresas del IBEX 35, pero muy pocas informan de sus actividades a los diferentes registros de grupos de interés.
Es evidente que los registros de grupos de interés, también denominados de transparencia, todavía tienen mucho camino de mejora por recorrer, pero son clave en el ejercicio diario de nuestras democracias. En un momento de creciente desafección política de los ciudadanos y de crisis general de nuestros sistemas democráticos, es esencial que la ciudadanía pueda entender quién juega un papel clave en la toma de decisiones. Por este motivo, hay que educar sobre la existencia y uso de los registros a las ciudadanas y ciudadanos. Hace falta un sistema de registros que se aplique a todos los niveles de la Administración, especialmente el estatal, para poder garantizar la transparencia y buenas prácticas de los altos cargos y políticos.
Imagen de portada:
Ilustración de un quiz del Parlamento Europeo. Fuente: Parlamento Europeo.
Citación recomendada
TÀRREGA, Mariola. «Tres décadas de control al ‘lobby’». COMeIN [en línea], julio 2025, no. 156. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n156.2553
