En los últimos años, la transparencia se ha convertido en una palabra imprescindible en el vocabulario político y administrativo. Todo el mundo está a favor de ella. Ahora bien, una cosa es defenderla y otra, mucho más compleja, practicarla de manera efectiva, comprensible y útil.
Esta es una de las principales conclusiones de un estudio reciente que hemos realizado sobre la transparencia y la gestión de los grupos de interés (empresas, asociaciones, sindicatos, colegios profesionales, entidades sociales u otros actores que quieren trasladar demandas, aportar conocimiento o incidir en políticas públicas) en Cataluña. La investigación analiza la aplicación de la Ley 19/2014 de transparencia y el funcionamiento del Registro de grupos de interés de la Generalitat de Cataluña, a partir de las percepciones de cargos directivos de la Administración catalana, del personal de apoyo y de representantes de grupos de interés.
El punto de partida es sencillo: en una democracia madura, la influencia sobre las decisiones públicas no debería ser un problema en sí misma. El problema surge cuando esta influencia es opaca, desigual o difícil de rastrear. Dicho de otro modo: el lobi no es necesariamente una mala noticia. El lobi opaco, sí.
El reto, por lo tanto, no es evitar la influencia, sino hacerla visible, ordenada y comprensible: saber quién habla con quién, sobre qué y con qué finalidad. Aquí es donde entra en juego el Registro de grupos de interés. Sobre el papel, es una herramienta valiosa; pero, en la práctica, su funcionamiento evidencia una tensión habitual: la distancia entre el cumplimiento formal y la transformación cultural.
Publicar no siempre quiere decir comunicar
El estudio muestra una adhesión general al principio de transparencia: nadie cuestiona el valor democrático de publicar información, rendir cuentas o hacer visibles las relaciones entre Administración y grupos de interés. El problema es que esta adhesión convive con una percepción bastante extendida de carga burocrática.
Cuando una política pública se percibe solo como un trámite, el riesgo es hacer lo mínimo necesario para cumplir, pero no necesariamente lo más útil para la ciudadanía. Se publican datos, pero no siempre se explican; se registran reuniones, pero no siempre se contextualizan.
Una de las personas participantes lo resumía con una frase especialmente acertada: «hemos aprendido a publicar, pero no siempre a comunicar». Esta es una de las grandes paradojas de la transparencia contemporánea: podemos tener mucha información disponible y, a la vez, poca comprensión pública sobre lo que realmente pasa.
Entre la incertidumbre y el trámite
Otro resultado destacado es la confusión conceptual. A pesar de que la idea de grupo de interés es relativamente compartida, los límites prácticos no siempre son claros. ¿Quién se tiene que registrar? ¿Una empresa? Evidentemente. ¿Una patronal? También. ¿Una ONG? Probablemente. ¿Un sindicato, un colegio profesional, otra administración pública o una universidad pública? Aquí empiezan las dudas.
Ante esta incertidumbre, muchos equipos optan por una estrategia defensiva: registrar de más. La actitud es comprensible, pero revela un problema de fondo. Cuando los criterios no son lo bastante claros, la transparencia deja de ser una herramienta de confianza y se convierte en un seguro frente al riesgo. Y, cuando esto pasa, el sistema puede generar ruido: información de relevancia desigual, categorías imprecisas y datos difíciles de interpretar.
También hay diferencias según el perfil. Para los grupos de interés, el registro puede servir como instrumento de reconocimiento y legitimidad. Para los cargos directivos, es una herramienta positiva, pero a menudo lejana, porque la gestión concreta suele recaer en equipos de apoyo. Y para el personal de secretariado, que a menudo realiza el trabajo operativo, el registro se convierte sobre todo en una herramienta instrumental: hay que encontrar el número correcto, introducir los datos y actualizar la agenda.
Así, una herramienta pensada para reforzar la calidad democrática puede quedar reducida a campos, códigos y formularios. Formularios demasiado largos, campos redundantes, duplicidades o la carencia de interoperabilidad explican por qué a menudo es percibida como una carga añadida. La democracia también se juega en la usabilidad de los formularios.
El lobismo bajo sospecha
Más allá de los problemas técnicos, hay una cuestión cultural importante: la palabra lobby continúa arrastrando una fuerte carga negativa, asociada a presiones ocultas, puertas giratorias, privilegios e intereses particulares.
Es evidente que esta sospecha no nace de la nada. Ha habido, hay y habrá malas prácticas. Pero convertir toda actividad de influencia en sospechosa tampoco ayuda a construir una cultura democrática más madura. La influencia puede ser presión, sí. Pero también puede ser aportación de conocimiento, deliberación, contraste técnico o participación organizada.
En este sentido, uno de los trabajos pendientes es el de comunicación. Hay que explicar mejor qué es un grupo de interés, qué es una actividad de influencia y por qué es importante que estas relaciones queden registradas. La ciudadanía tendría que poder entender que la pregunta no es si los actores sociales y económicos intentan influir en las políticas públicas. La pregunta es si lo hacen a las claras o a oscuras.
¿Cómo hacer que la transparencia sea útil?
La investigación apunta tres grandes líneas de mejora. La primera es simplificar: reducir la complejidad, eliminar duplicidades y adaptar las obligaciones a la diversidad real de los actores. La segunda es formar: ofrecer criterios claros, materiales prácticos y canales de consulta ágiles. La tercera es comunicar: pasar de una transparencia pensada para cumplir a una transparencia pensada para hacer comprender.
Cataluña dispone de un marco avanzado en materia de transparencia y registro de grupos de interés, pero un buen marco normativo no garantiza automáticamente una buena práctica institucional. Entre la ley y la cultura administrativa hay rutinas, miedos, procedimientos y aprendizajes.
La transparencia del futuro no será solo la que publique más información, sino la que ayude a entender mejor cómo se toman las decisiones públicas. Y esto exige tecnología, normas y procedimientos, pero sobre todo liderazgo, pedagogía y voluntad de convertir el cumplimiento en convicción. Porque la transparencia solo transforma cuando deja de ser una obligación administrativa y pasa a formar parte de la manera de entender el servicio público.
Para saber más:
COMPTE-PUJOL, Marc; MARCA FRANCÉS, Guillem; CUENCA-FONTBONA, Joan (2026). «Transparencia y gestión de los grupos de interés en Cataluña: un diagnóstico cualitativo sobre influencia y cambio institucional». Revista Española de la Transparencia, n.º 24, págs. 243-279. DOI: https://doi.org/10.51915/ret.464
Imagen de portada:
Imagen de una figura escondida entre maniquíes transparentes. Fuente: Unsplash / Anh Tuan To.
Citación recomendada
COMPTE PUJOL, Marc. «¿Quién habla con quién? El reto de hacer visible la influencia pública». COMeIN [en línea], julio 2026, no. 167. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n167.2650
Marc Compte PujolProfesor de Comunicación en la UOC


